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Mientras demostraciones y protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ocurre por todo el país, y el Congreso debate la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), legisladores estatales consideran una serie de proyectos de ley que afectarían la vida de inmigrantes que ya residen en Utah.
Con la Legislatura en sesión, varios republicanos impulsan iniciativas que impedirían a algunos inmigrantes acceder a beneficios públicos, derogarían programas estatales de inmigración, impondrían un impuesto adicional a ciertas transferencias internacionales de dinero y eliminarían las tarjetas de privilegio para conducir.
Se trata de un impulso antiinmigrante que va en contra de la “manera de Utah”, dijo la representante Hoang Nguyen, demócrata por Salt Lake City, en entrevista con The Salt Lake Tribune.
“Cuidarnos unos a otros siempre ha sido la verdadera manera de Utah, independientemente de quién estuviera a nivel federal”, afirmó. “Creamos aquí un ambiente realmente especial. … Me preocupa que lo que está ocurriendo ahora es que Utah está empezando a ceder ante el ámbito nacional”.
Entre el conjunto de medidas relacionadas con inmigración, quizá el más controvertido es el patrocinado por el representante Trevor Lee, republicano por Layton, quien busca poner fin a los beneficios públicos para todas las personas indocumentadas.
El proyecto HB88 impediría que personas en el país sin estatus legal accedan al programa de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, conocido como WIC; a programas de entrega de comidas para adultos mayores; a campañas de vacunación; asistencia para vivienda; servicios para personas sin hogar; tratamiento de enfermedades transmisibles y, potencialmente, otros servicios públicos.
“Otorgamos beneficios a quienes no son ciudadanos de nuestro país, y creo que eso está mal”, dijo Lee en una entrevista (enlace en inglés) con The Tribune el mes pasado. “Creo que ya tenemos suficientes problemas. Hay habitantes de Utah que necesitan ayuda, que están luchando, que apenas pueden pagar sus cuentas, y no deberíamos destinar fondos de los contribuyentes de ningún tipo, al menos a nivel estatal, a personas que no son ciudadanas”.
Ciriac Álvarez Valle, analista reconocida de políticas públicas en Voices for Utah Children (enlace en inglés), una organización sin fines de lucro que aboga por la salud infantil y las familias inmigrantes, dijo en entrevista que le preocupa que el proyecto tenga consecuencias de amplio alcance.
“Lo que hace es tomar programas … como las vacunas, como las pruebas y el tratamiento de enfermedades transmisibles, y exigir que alguien tenga presencia legal para poder usar algunos de estos servicios”, explicó Álvarez Valle. “Y eso simplemente nos va a hacer a todos menos saludables”.
Además, dijo que le preocupa que la medida afecte a ciudadanos estadounidenses, incluidas personas que intentan escapar de situaciones de violencia doméstica y que quizá no tengan documentos para probar su ciudadanía legal, o hijos ciudadanos de personas indocumentadas que necesiten acceder a beneficios públicos.
“¿Cómo vamos a manejar todas estas otras implicaciones, solo porque queremos ser punitivos con los inmigrantes?”, preguntó Álvarez Valle.
Nguyen, cuya familia emigró de Vietnam a Estados Unidos, coincidió.
“Como beneficiaria de esos programas cuando era más joven, veo la necesidad”, dijo. “Veo lo difícil que es para las familias que simplemente intentan trabajar y alimentar a sus hijos, y cuando se eliminan esos programas para los más vulnerables, simplemente no tiene sentido”.
Otro proyecto de ley, HB471 (enlace en inglés), patrocinado por el representante Logan Monson, republicano de Blanding, exigiría, entre otras cosas, que las agencias estatales verifiquen el estatus migratorio de solicitantes de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como cupones o estampillas de alimentos. Si se identifica que el solicitante está en el país sin estatus legal, el proyecto obligaría al departamento a reportarlo a ICE.
“La intención de HB471 simplemente pone a Utah en cumplimiento con el código federal”, dijo Monson en un mensaje de texto. Agregó que se preparaba una versión sustitutiva con algunos cambios.
“Es una mala idea”
Lee también patrocina HB287, que pondría fin al programa de tarjetas de privilegio para conducir, el cual permite que personas indocumentadas obtengan una credencial de manejo en Utah. Es otro proyecto que preocupa a Álvarez Valle, tanto por razones de seguridad como logísticas.
“Es una mala idea sacar a 35,000 personas de la carretera [y] quitarles su capacidad legal de conducir”, afirmó, al señalar que eso alentará a las personas a manejar sin licencia.
Consultado la semana pasada sobre sus medidas de inmigración, Lee respondió en un mensaje de texto a otro reportero de The Tribune: “No estoy seguro de por qué alguien hablaría contigo. Si los habitantes de Utah quieren noticias reales, irán a un lugar que haga periodismo de verdad”.
Aunque el proyecto para eliminar el programa de tarjetas de privilegio aún no ha sido asignado a un comité, el que despojaría a personas en el país sin estatus legal del acceso a beneficios públicos fue asignado al Comité de Aplicación de la Ley y Justicia Penal de la Cámara de Representantes, lo que indica cierto interés legislativo en avanzar la medida.
Y el lunes, Lee presentó HB571 (enlace en inglés), una amplia iniciativa antiinmigrante que, entre otras cosas, impediría que personas en el país sin estatus legal accedan a programas de asistencia para vivienda asequible; exigiría a agencias estatales y locales “hacer su mejor esfuerzo para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración”; y declararía inelegibles para compensación laboral a personas en el país sin estatus legal.
Con tres semanas restantes en la sesión legislativa de 2025, otras iniciativas que preocupan a defensores también han comenzado a avanzar.
Nguyen habló la semana pasada en el pleno de la Cámara contra HB141 (enlace en inglés), una medida patrocinado por la representante Stephanie Gricius, republicana por Eagle Mountain, que impondría un impuesto de 2% a las transferencias internacionales de dinero, a menos que el remitente pueda presentar ciertas formas de identificación. La medida finalmente fue aprobada en la Cámara por 58 votos contra 15.
Gricius ha argumentado que la iniciativa de ley es una forma de prevenir la tráfico de personas y transacciones relacionadas con drogas, pero Nguyen y otros sostienen que en la práctica funcionará como un impuesto a las familias inmigrantes.
“Cuando imponemos un impuesto a comunidades como esta, realmente perjudica a personas que solo intentan enviar dinero a sus familias”, dijo Nguyen. “Es el salvavidas para poder apoyar a sus familias en países donde no tienen la movilidad que tiene Estados Unidos. … Simplemente no creo que esté resolviendo [el problema] que la patrocinadora intenta resolver”.
Gricius no respondió a una solicitud de comentarios.
Evitar una demanda federal
Otro proyecto relacionado con inmigración, HB386, patrocinado por la representante Lisa Shepherd, republicana por Provo, derogaría el Programa de Trabajadores Invitados, así como la Ley del Programa Piloto de Inmigrantes Residentes Patrocinados de Utah.
Ambos programas, que buscaban permitir que algunos trabajadores extranjeros vivieran y trabajaran legalmente en Utah, fueron promulgados en 2011 por el entonces gobernador Gary Herbert. Sin embargo, las leyes no se implementaron oficialmente, ya que el estado requería una exención federal para hacerlo. Como resultado, la Legislatura pospuso la fecha de implementación de ambos programas hasta 2027.
“No vamos a obtener una exención del gobierno federal”, dijo Shepherd en entrevista con The Tribune. “Estoy buscando eliminarlo [del código estatal] porque de todos modos no podemos implementarlos”.
Sin una exención, si los programas entraran en vigor el próximo año, el estado enfrentaría una demanda federal, señaló Shepherd, algo que espera evitar con su proyecto.
“No estoy hablando realmente sobre la política pública, si es buena o mala”, dijo. “Estoy hablando del hecho de que no tenemos la autoridad para establecer la política federal de inmigración”.
La aprobación de las leyes en su momento, añadió, pareció ser una “medida de mensaje”.
“Entiendo que las intenciones eran muy buenas”, afirmó. “Esto se trata simplemente de que no podemos hacerlo”.
La responsabilidad, dijo, recae en el gobierno federal para avanzar una reforma migratoria.
“Si por casualidad quieren analizar lo que Utah ha hecho y ver si eso es bueno, el lenguaje que está en nuestro código … entonces quizá, tal vez, haya una solución”, señaló.
En esto, al menos, algunos defensores coinciden.
“Sin una reforma migratoria federal, creo que mucha gente siente la presión y muchas preocupaciones y frustraciones, tanto inmigrantes como no inmigrantes”, dijo Alvarez Valle. “¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos la falta de reforma migratoria?”
Nota de traducción: Este artículo ha sido traducido del inglés al español con la ayuda de inteligencia artificial y ha sido revisado y editado por Cristóbal Villegas, director de Participación Comunitaria en The Salt Lake Tribune, quien domina ambos idiomas. Utilizamos inteligencia artificial para aumentar el acceso a nuestras publicaciones mientras continuamos desarrollando nuestras capacidades de reportaje en español. Este aviso es nuestro compromiso con usted, nuestro lector.