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Después de pasar seis días en una cárcel de Tooele, Marco Antonio Mancilla dice que lo subieron a un avión que aterrizó en al menos cinco estados en 24 horas. Al final de ese trayecto, fue ingresado en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego.
Llamó a esa instalación un “infierno”. Era insalubre y la comida era terrible, afirmó, además de degradante.
“Siento que un perro de nosotros vive mejor en la casa de uno que una persona, que un latino, en un centro de detención”, él dijo.
Mancilla, de 51 años, es uno de unas 3,000 personas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha arrestado en Utah desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, según datos federales recopilados por el Proyecto de Datos de Deportación (enlace en inglés) y analizados por The Salt Lake Tribune. Los datos abarcan hasta el 15 de octubre.
(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) Marco Antonio Mancilla habla sobre su detención por parte del ICE durante una entrevista en Millcreek el miércoles 3 de diciembre de 2025.
Las detenciones de este año — un aumento del 170% respecto de 2024 — forman parte de la ofensiva migratoria nacional de Trump (enlace en inglés).
Utah, hasta ahora, ha evitado la avalancha de agentes federales enviados a ciudades como Los Ángeles y Chicago. Pero la cobertura del Tribune muestra que las redadas en el estado han sembrado temor en las comunidades inmigrantes y han destrozado familias, ya que ICE ha deportado a muchas más personas, incluidos niños.
La segunda administración Trump ha descartado algunas protecciones para inmigrantes este año, eliminando barreras clave a las detenciones y deportaciones, aunque jueces federales han bloqueado esas medidas en ocasiones.
El Tribune envió más de una docena de preguntas detalladas a ICE y no recibió respuesta. La agencia tuvo varios días para contestar, pero no lo hizo.
En general, funcionarios de la administración han dicho que el aumento en la aplicación de leyes migratorias (enlace en inglés) es un esfuerzo por “restaurar el orden” en Estados Unidos y que están enfocándose en “lo peor de lo peor”.
Agentes federales detuvieron a Mancilla en agosto mientras conducía cerca de 4100 South y Redwood Road, según sus abogados, y lo tomaron bajo custodia. ICE alegó en documentos judiciales (enlace en inglés) que él había ingresado al país ilegalmente en abril de 2006. No había ninguna orden judicial que autorizara su expulsión, dijeron luego sus abogados, y no tenía antecedentes penales. Una búsqueda del Tribune encontró al menos 17 infracciones de tránsito desde 2010.
Terminó en el centro de detención del sur de California, comiendo lo que describió como “comida para perros”, y recibiendo, según dijo, varias ofertas de $1,000 de parte de autoridades para que abandonara su caso y saliera de Estados Unidos.
(Ariana Drehsler | The New York Times) El Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, California, el lunes 24 de noviembre de 2025.
Un juez determinó posteriormente que había sido detenido de manera indebida porque una nueva política de Trump para detener a inmigrantes como él sin audiencia de fianza era ilegal. Desde entonces, Mancilla pagó una fianza, regresó a Utah y su caso migratorio sigue en curso.
“Mi futuro está incierto”, dijo Mancilla. “Confió en Dios y confió en el abogado. Pero mi vida está destrozada, está deshecha. Tengo nueve nietos y mis tres hijos y mi esposa que está devastada. Está psicológicamente mal.”
‘No duermes tan fácilmente’
En todo 2024, antes del ascenso de Trump a un segundo mandato, ICE realizó 1,128 arrestos en Utah. Esa cifra ha aumentado durante su segunda administración.
En la campaña, Trump prometió aplicar las leyes migratorias con más fuerza. Una parte central de su mensaje era expulsar a delincuentes y pandilleros.
Sin embargo, durante este nuevo mandato de Trump, apenas la mitad (55%) de las personas arrestadas por ICE en Utah tiene condenas penales. Entre quienes fueron deportados desde Utah, 59% tenía antecedentes, aunque algunos enfrentaban cargos pendientes.
Gildardo Escobar (enlace en inglés) está entre quienes fueron detenidos sin antecedentes penales; una búsqueda del Tribune mostró seis infracciones de tránsito. Él llegó a los Estados Unidos con su padre cuando tenía 16 años y luego, en 1999, vino a Utah y se ha dedicado a cocinar desayunos clásicos estadounidenses en Denny’s.
Pero la vida sencilla y “muy bonita” que tenía con sus hijos y su pareja de largo plazo, Tammy Staples, a quien llama su esposa, se vino abajo el 4 de agosto.
Agentes de ICE lo detuvieron mientras conducía al trabajo a las 6 a.m. por Redwood Road, en Salt Lake City. Le confiscaron el teléfono, lo llevaron a dos cárceles — una en Utah y otra en Wyoming — y finalmente lo ingresaron a un centro de detención privado en Pahrump, Nevada (enlace en inglés), cerca de Las Vegas.
Escobar, de 53 años, dijo que soportó meses en temperaturas muy frías, atención médica inadecuada y mala comida.
“Cuando estás allí, no duermes tan fácilmente,” él dijo. “Tienes insomnio, tienes depresión, tienes preocupaciones de todo tipo.”
Mientras tanto, su familia luchaba para llegar a fin de mes.
(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) Gildardo Escobar habla sobre su experiencia al ser detenido por ICE durante una entrevista en Millcreek el miércoles 3 de diciembre de 2025.
(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) Tammy Staples derrama una lágrima mientras su pareja de largo plazo, Gildardo Escobar, describe su experiencia al ser detenido por ICE durante una entrevista en Millcreek el miércoles 3 de diciembre de 2025.
“Fue muy difícil”, dijo Staples. “No sabía qué iba a pasar. … Tenemos cuatro hijos, y yo he tenido que asegurarme de que estén bien, ir a trabajar, hacer todo sola. Fue difícil sin él”.
Staples y sus hijos tuvieron que dejar su casa y devolver su auto, escribió un juez en el caso (enlace en inglés). Escobar estuvo detenido más de tres meses.
“La experiencia fue horrible. Me siento bien porque estoy con mi familia, que solo que me preocupaba más al estar adentro. Nunca pensé estar ahí,” explicó Escobar.
Escobar nació en México, como muchos otros detenidos por ICE en Utah desde la segunda inauguración de Trump. Los cinco países de origen más comunes entre los arrestados desde el 20 de enero de 2025 son México, Venezuela, Honduras, Guatemala y Colombia.
Después de impugnar con éxito su detención ante un corte federal, Escobar fue liberado en noviembre. Él y otros dos hombres representados por la firma legal de Utah Stowell Crayk (enlace en inglés) ganaron una demanda por detención indebida y los tres salieron de la cárcel en Nevada.
El abogado Adam Crayk los llamó “pioneros” en derecho migratorio porque su demanda forma parte de una serie de casos (enlace en inglés) en los que jueces han rechazado una nueva política gubernamental adoptada en julio (enlace en inglés). Esa política sostiene que la detención es obligatoria para cualquiera que haya ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Durante décadas, las cortes migratorias han interpretado la ley federal como un mandato para tratar de forma diferente a las personas indocumentadas arrestadas tras vivir años en el país, en comparación con quienes son detenidos en la frontera, explicó el juez federal Richard F. Boulware II en su decisión en el caso de Escobar (enlace en inglés).
(Eric Lee | The New York Times) Agentes de ICE y un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional detienen a un hombre en Washington, el 15 de agosto de 2025.
Las personas recién llegadas enfrentan detención obligatoria, escribió el juez, pero los residentes indocumentados con lazos comunitarios y sin antecedentes generalmente tienen la oportunidad de ser liberados bajo fianza.
La nueva política, concluyó, “sujeta a millones de residentes indocumentados a detenciones prolongadas sin la oportunidad de liberarse bajo fianza, en contravención de décadas de práctica administrativa y de sólidas protecciones de debido proceso” de las que antes gozaban.
Mancilla, el hombre que estuvo detenido en Otay Mesa, solicitó una audiencia de fianza con argumentos similares (enlace en inglés).
Una familia destrozada
(Fred Ramos | The New York Times) El rostro del presidente Nayib Bukele adorna un edificio de apartamentos en el barrio de Zacamil, en San Salvador, capital de El Salvador, el 24 de enero de 2024.
Desde septiembre de 2023 y también el 20 de enero de 2025, ICE ha detenido con más frecuencia a personas en o cerca de Salt Lake City, según los datos.
Quienes son arrestados suelen tener entre 23 y 40 años. Los jóvenes fueron ligeramente más propensos a ser detenidos bajo Trump y todas las deportaciones de menores en Utah después de septiembre de 2023 han ocurrido desde la inauguración presidencial.
Entre septiembre de 2023 y enero de 2025, el gobierno federal deportó a 849 habitantes de Utah.
Luego, durante los siete meses que comenzó el Día de la Inauguración, 975 personas fueron deportadas de Utah.
Y las deportaciones han continuado, elevando aún más la cifra.
Noe Fabricio Escamilla, quien llamó hogar a Utah por más de 20 años, fue deportado a su natal El Salvador el 24 de septiembre. Escamilla alega que su expulsión fue indebida y ha demandado en un corte federal en Utah (enlace en inglés), pidiendo al gobierno que lo regrese a Estados Unidos, donde aún vive su familia. Su hijo menor, de 4 años, vive con autismo no verbal y neurofibromatosis, un trastorno genético poco común caracterizado por el crecimiento de tumores en el sistema nervioso.
“Mi familia y mis hijos son mi todo”, dijo en un correo electrónico a través de su abogada, Kendall Moriarty.
En Utah, Escamilla, de 49 años, trabajaba en la construcción y nunca había sido condenado por un delito que lo descalificara para obtener la cancelación de su orden de deportación, señaló su abogada ante el juez. ICE también lo detuvo durante una parada de tráfico el 27 de agosto.
Una búsqueda del Tribune mostró al menos 15 infracciones de tránsito. Más de 10 años atrás, enfrentó tres casos de delitos menores en el condado de Utah, todos desestimados.
Escamilla había sido el principal sostén económico de su familia, dijo Moriarty, y ahora su familia enfrenta dificultades.
Desde que llegó a su país natal, Escamilla ha estado trabajando como conductor de Uber.
“No gano lo suficiente en El Salvador para ayudar a mi familia en Estados Unidos”, dijo en el correo. “[El 8 de diciembre], empecé a trabajar a las 6 a.m. y terminé a las 7:30 p.m. Gané $25. Tuve que pagar $15 en gasolina, así que gané $10. A veces puedo ganar hasta $15, pero es muy poco.”
Escamilla ingresó a Estados Unidos en 2004, cuando fue brevemente detenido en la frontera y luego liberado, afirmó Moriarty en documentos judiciales. Las autoridades le ordenaron presentarse a una audiencia migratoria, agregó, pero nunca le entregaron una copia de esa orden.
Tras su detención por ICE, el 1 de septiembre Escamilla pidió reabrir su caso migratorio y revisar su estatus. Esa solicitud, dijo Moriarty, debería haber impedido su deportación bajo la ley federal.
En cambio, afirma la demanda, lo despertaron a las 3 a.m. del 24 de septiembre en un centro de detención en Texas (enlace en inglés), lo llevaron a un aeropuerto y lo enviaron en avión a El Salvador.
Moriarty dijo que nunca había visto un caso así y que, si ella y Escamilla ganan en la corte federal, el gobierno estaría obligado a regresarlo a Estados Unidos mientras el tribunal migratorio decide su situación.
Si pierden, dijo, apelarán.
Una vida en la incertidumbre
La información recopilada por el Proyecto de Datos de Deportación no muestra, en la mayoría de los casos, a dónde son llevados los detenidos de Utah entre su arresto y el momento de su deportación. Moriarty explicó que los detenidos de ICE en Utah suelen ser trasladados rápidamente a otros estados.
Los datos sí indican, sin embargo, por dónde salen del país. El punto de deportación más común para quienes fueron arrestados en Utah bajo Trump es el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, mientras que otros sitios incluyen San Ysidro, California, y el Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana.
La intensificación de la aplicación de leyes migratorias en Utah también ha afectado a venezolanos. Más del 85% de los arrestos de ICE de personas originarias de ese país entre septiembre de 2023 y octubre de 2025 ocurrieron después de que Trump retomó la presidencia.
Las 54 deportaciones de venezolanos registradas desde fines de 2023 han ocurrido todas desde marzo.
Mancilla, el hombre liberado que llamó “infierno” al centro de detención de San Diego, dijo que está decidido a evitar un destino similar. Su equipo legal planea luchar su caso solicitando la cancelación de su orden de deportación.
Pero nada está garantizado.
“Vive uno con miedo ya aquí en este país”, dijo Mancilla. “Vive uno acechado, vive uno con la inquietud de qué va a pasar mañana con nuestros procesos, con nuestras cosas, porque es incierto.”
Nota de traducción: Este artículo ha sido traducido del inglés al español con la ayuda de inteligencia artificial y ha sido revisado y editado por Cristóbal Villegas, Director de Participación Comunitaria del Salt Lake Tribune, quien domina ambos idiomas. Utilizamos inteligencia artificial para aumentar el acceso a nuestras publicaciones mientras continuamos desarrollando nuestras capacidades de reportaje en español. Este aviso es nuestro compromiso con usted, nuestro lector.